Por razones de actualidad, reescribo el artículo que publiqué en septiembre de 2009.
Que
la Constitución es la Ley Magna de un país democrático, sólo lo
discuten los no demócratas, los fascistas, los totalitarios de
izquierdas o de derechas, los ignorantes, los perversos, los
malintencionados, los belicistas, los añorantes de la Dictadura. Entre
otros.
La nuestra es una Constitución avanzada en derechos y libertades, y así
se recoge en su artículo uno, el primero, el que abre el texto, el que
muestra las intenciones y los propósitos de los legisladores: "España se
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político".
La nuestra es, además, una Constitución flexible, ambigua incluso,
interpretable en algunos conceptos, diáfana y rotunda en otros. Así, en
ese mismo artículo explicita sin lugar a dudas que "la soberanía
nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado". Es importante reseñar este apartado porque no habla de otro
pueblo que el español; no del andaluz ni del extremeño ni del castellano
ni del balear. El pueblo español.
Los padres de la Constitución del 78, la nuestra, eran conocedores de
la tortuosa historia de la España de los siglos XIX y XX y, desde esta
sabiduría, quisieron dejar muy claro que esta Ley Suprema "se fundamenta
en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles". Sin por ello omitir ni silenciar ni
ocultar que "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas
ellas". Y, precisamente, en base a este reconocimiento, no duda en
aseverar: "El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". No resta
un ápice de valor ni al catalán ni al gallego ni al euskera ni al bable.
Ni un ápice. Simplemente las sitúa en su contexto espacio-territorial.
El Parlamento español, y el pueblo soberano, apoyaron con una mayoría
abrumadora el texto constitucional, el nuestro. Todos conocían,
entonces, como se recuerda hoy, las aspiraciones independentistas de
algunos ciudadanos. Aspiraciones absolutamente legítimas cuya legalidad
sólo será posible en el marco de la Constitución. En su defecto, ni
legalidad ni legitimidad, porque la violencia, el terrorismo, la
política de hechos consumados, la vía de hecho, el solapamiento de unas
leyes de menor rango en otras de más categoría jurídica, la perversión
del derecho, etc., son atajos ilícitos, antijurídicos y
anticonstitucionales. De estos atajos y de estas aspiraciones éramos
conscientes muchos españoles y más todavía los redactores de esta Biblia
laica que es una Constitución. Una Constitución. La vigente u otra,
pero una Constitución.
En
esta consciencia jurídica e histórica, Solé Tura, Gabriel Cisneros,
Peces Barbas, por citar a tres de los siete ponentes, no dudaron en
redactar un párrafo advertidor en el marco de un artículo muy interior,
el 155. ¿Qué dice este artículo? Lo siguiente: "Si una Comunidad
Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes
le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés
general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la
Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación
por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias
para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o
para la protección del mencionado interés general".
¿Qué le lleva, articulista, a andar con pies de plomo en esta
exposición tan larga? Me remito a artículos anteriores. Me remito a mi
voluntad de creer, de tener confianza en nuestros gobernantes. Pero los
hechos me retrotraen al escepticismo, a la duda cartesiana. ¿En qué
sentido? En que el nuevo lehendakari va a ser un nacionalista separador o
u independentista filoetarra. En que el futuro president de la
Generalitat va a vestir la sotana secesionista de Companys. En que el
partido que se dice socialista, obrero y español está zangolotineando a
sus anchas a fin de pescar en este río revuelto. En que el Partido
Popular no desprende la firmeza y la autoridad exigibles en estas
circunstancias.
A vueltas con las dos caras. Una vez más poner una vela a Dios y otra
al demonio. De nuevo, la marcha sobre el filo de la navaja. Se repite la
historia del quiero y no puedo. El fantasma del artículo 155 toma
posiciones. Atención a los duendes. No se les ve, pero enredan, lían,
confunden, traicionan, atentan. Atención.
Un saludo.