Pueden
pedir mi cabeza por lo que voy a decir. Están en su derecho. Como mi
derecho a opinar es inalienable y no sujeto a condiciones. La pretendida
subida del uno por ciento de las pensiones me parece una juerga sin
gente, una borrachera sin alcohol y una monserga más de los que se toman
poco en serio la dificilísima situación del país.
La
población española mayor de sesenta años escala posiciones en la
pirámide. El segmento crece a lo ancho con más rapidez que el de los
menores de catorce años. A este paso, la ancianidad se comerá las
políticas sociales en detrimento de la infancia y de los sectores de
economía activa. Lo cual anuncia que el estado del bienestar sufre un
desvío en sus objetivos y una descompensación en su esqueleto social. En
este sentido, muy lejos mi pensamiento el que las personas jubiladas
sean una carga. Por el contrario, lo positivo de nuestro entorno a ellos
se debe y gracias a ellos, el desempleo juvenil no rompe los cristales
de la casa común del Estado.
Si
la sensatez es un valor escaso, es incuestionable su necesidad. La
generación de los sexagenarios se caracteriza por su sentido común. Y
qué digo de los que ya cumplieron los setenta y los ochenta. Es tiempo
de recoger pero también de dar. Los cazadores de votos encuentran en ese
silo de edad un filón extraordinario. Y a fe que se aprovechan. Si el
Gobierno de Rajoy pretende subir las pensiones en ese exiguo porcentaje,
habrá que pensar en que el furor electoralista ha hecho presa de las
huestes populares. Cinco mil millones de euros es mucha cantidad para un
país que soporta una deuda tan gigantesca. No viene a cuento.
Sí
entra dentro de la lógica un planteamiento del tema. El consejo de
administración de la empresa municipal de transportes urbanos de Huelva
ha suprimido la bonificación para los pensionistas con rentas superiores
a 700 euros al mes. Me dirán que es un paso atrás en los derechos de
los ciudadanos. Pues sí, respondo, en términos absolutos. Sin embargo,
cuando la corriente nos es adversa, o remamos todos o la canoa se va a
pique. Las igualdades tienen su razón de ser en las diferencias. Que un
ciudadano que perciba una pensión de miles de euros mensuales viaje
gratis en los autobuses de la ciudad, resulta inadmisible. Como
inaceptable sería que una anciana sin ingresos se viera obligada a pagar
un solo céntimo por subirse al bus o por acudir al médico o por abonar
una receta.
La
subida de las pensiones se entendería justificada e inaplazable para
las rentas inferiores a esa cantidad a la que acabo de referirme. A los
que disfrutan de ingresos superiores, no. Ya que el Gobierno no tiene lo
que hay que tener para poner freno a los dislates de la banca, a los
desatinos de los empresarios multidespedidores, a los organismos de
administración paralela, a la existencia de centenares de miles de
asesores y cargos públicos inútiles y a la supresión de entidades
comparsas, al menos que aprenda la lección de los ciudadanos mayores.
Mayores en años, en sabiduría y en respeto.
Los
ancianos se sacrificarán una vez más. Lo que no podemos consentir es
que se sacrifique a los ancianos en el altar de la mala gobernanza y en
el ara de la corrupción imperante.
Gobierno: aprende la lección de los mayores. Para aprender, es preciso atender y practicar.
Un saludo.
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