Se
dice que un colectivo, que no el colectivo, de jueces y fiscales va a
convocar una huelga a principios del año que viene. Vamos, dentro de un
mes como quien no quiere la cosa. Ignoro los motivos de tan drástica
decisión. En cualquier caso, no me creo que sea a consecuencia de su
rechazo a la ley de tasas. Ni loco. En cuanto a cumplida represalia por
la reducción de sus días de asuntos propios, demasiado frívolo. No me
pega. La eliminación de la paga extra de navidad tampoco me resulta
convincente. Causas habrá, pero no se han anunciado. Salvo, claro está,
el totum revolutum de las reformas legislativas del Gobierno.
En
torno a este tema, que no deja de ser espinoso, se debate el carácter
de funcionarios públicos de los miembros de la judicatura y la
prohibición constitucional de este derecho fundamental. La huelga es una
actividad sindical. Si la Constitución prohíbe a este corporativo
cualquier formar sindicatos, habrá que colegir que estos trabajadores
distinguidos no pueden acogerse a la huelga. Lo mismo ocurre con los
militares, empleados públicos, a los que el ejercicio de este derecho
les está asimismo vedado. De todas formas, me pregunto si algún juez de
los que ha condenado la intervención de guardias civiles por esta razón,
se autodenunciará por seguir el comportamiento que ellos adoptaron en
sentencias. Juez y parte, no.
Visto
lo visto, en la España vibrante de este dos mil doce que huye del
calendario, todo es posible. Sin embargo, si valoramos los hechos por
los efectos y analizamos los fenómenos por la óptica, podremos llegar a
conclusiones válidas e incluso valiosas. Me explico. Si el Psoe defiende
el derecho a la huelga de magistrados y fiscales porque así abren pozos
bajo la tierra que ha de pisar el Pp, creeré firmemente que la
manipulación es de tal calibre que las razones que se aduzcan para
defender este derecho, se enmarcan en una lamentable estrategia de
destrucción del sistema.
El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía asevera que apoyaría
este derecho. El señor De Llera, que calla y otorga en los escándalos
administrativos y financieros cometidos u omitidos por el presidente
Griñán, no vacila un instante en salir a la palestra para expresar su
conformidad y su aliento a los posibles huelguistas. La prueba del
nueve. La motivación es espuria, bastarda, falsa y engañosa. Nadie puede
creer en tamaña falacia, transparentemente halagüeña y manifiestamente
embustera.
Es
verdad que lo que no está prohibido, está permitido. Cierto que en el
Estatuto de los jueces no se contempla. Cuando la norma general no
regula, la norma especial se impone. Mas cuando se produzca una denuncia
a un juez que ejerce, pese a todo, su derecho, quién va a juzgarle. Y
por qué habrá de hacerlo. ¿Acaso el Gobierno puede acogerse a este mismo
derecho? ¿Existe algún Gobierno que encabece una pancarta protestando
contra los recortes que el propio Ejecutivo ha implantado? Parece un
contrasentido, no?
Sí,
bueno, salvo que nos refiramos a las manifestaciones impulsadas y
protagonizadas por miembros del Gabinete andaluz. Ah, si llamamos
gobierno a cualquier camarilla, mejor hablamos de Messi.
Estábamos
huérfanos de moral, de seguridad y de libertad y, de pronto nos salen
cientos de padres y de madres que se apuntan a un bombardeo con tal de
que el caos termine con el cosmos. Don De Llera es uno de ellos.
Un saludo.
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