A
lo largo de mi vida, he contemplado todo tipo de aberraciones
administrativas en Andalucía. El ciento y la madre. Nada me sorprende,
pues, en este terreno. Sin embargo, los demonios me llevan como el
primer día.
La
última de la fila es la convocatoria de oposiciones realizada por la
excelentísima –que no excelente- Diputación de Huelva. Este organismo
igual te convoca una prueba de acceso con un perfil tan predeterminado
que requiere licenciatura en Derecho, un año de residencia en Ohio, no
en Nueva York, conocimiento del bable a nivel de lectura, cursillo de
especialización en abono orgánico y una edad entre 32 años y 9 meses y
32 años y 10 meses. Normalmente la prueba es superada por un señor o una
señora conocidos. Qué casualidad tan causal.
En
este caso, la ilegalidad camina por el barrio de la nulidad. Diputación
quiere convertir en funcionarios de carrera a un nutrido grupo de
interinos y, con ese fin, actualiza una oferta pública de empleo
correspondiente a nueve años antes. Los responsables del atropello
conocen que su señor Zapatero, cuando era presidente del Gobierno de
España, aprobó una ley que declaraba el plazo improrrogable de tres años
para ejecutar dicha oferta. Tres años para llevarla a cabo so pena de
decaer. Tres años.
Don
José Martín, el rompedor de las finanzas aljaraqueñas durante el tiempo
en que ostentó la alcaldía de aquella localidad con la infeliz
cooperación de su buen amigo Sánchez Rufo, ha anunciado en rueda de
prensa que las oposiciones serán convocadas pese a que la Ley dice cosa
diametralmente contraria. Olé. Todo su argumentario se ciñe a lo que
sigue: “no está el patio para paralizar procesos de fijación de empleo,
en este caso de interinos que llevan muchos años trabajando en la casa”.
Más olés. Este político nos descerraja la cabeza cualquier día con la
excusa de que la vida no permite disensos ni contestaciones a la clase
gobernante.
El
Gobierno de la Nación, a través de sus representantes, dispone de dos
salidas para hacer sentir su autoridad. La primera, impugnar la
convocatoria. La segunda, interponer la correspondiente denuncia penal.
Ahora bien: si prefiere que las aguas siga corriendo sucias, pues que
mire a otra parte y que trate de engañarnos, una vez más, admitiendo que
la voladura de la legalidad sea controlada y que haga el menor ruido
posible. Total, el proceso es ilegal pues qué más da que la metástasis
alcance todos los órganos vitales del cuerpo político. Si, al cabo, hoy
por ti y mañana por mí.
De
esta manera, España se parecerá más a Venezuela, a Cuba y a otras
repúblicas bananeras. Para qué sofocarnos con estos comentarios
medianamente ácidos. Si los hijos de la madre patria se comportan de
esta guisa, la progenitora no los va a dejar en fuera de juego. Que viva
España.
Un saludo.
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