Qué
tasas ni qué niño muerto. Ley de tazas. El engendro jurídico que
Gallardón se ha sacado de la manga no es un tributo, uno más, que impone
la justicia con minúsculas para ejercitar ciertos derechos. No. Es una
taza. Un receptáculo del retrete a cuyo través se tiran las esperanzas
de un recurso. Una concavidad escatológica en la que se depositan las
igualdades. Un receptáculo en el que los más pobres echan su cuarto a
espadas. Unos recipientes sin asas que deja sin protección a los que
piden una revisión de sus casos.
La
taza/tasa es una ley disuasoria donde las haya. La tutela judicial
efectiva se cuela por el sumidero al que conduce esa taza/tasa. Es la
última moda de una forma innoble de entender el gobierno. Los ricos
pagan y siguen adelante. Los pobres no pueden con el impuesto y son
desahuciados de su derecho fundamental. El núcleo duro de nuestra
maltratada Constitución se va al carajo, con perdón, por mor de una
interpretación que se pasa el Estado de Derecho por el arco del triunfo.
Un
Ejecutivo que yerre en sus diagnósticos incurre en responsabilidad.
Como el médico o el arquitecto. Los paganos de esos errores somos los
ciudadanos. Quién está en condiciones económicas de pedir una segunda
opinión. Los de siempre que pueden pagarlo. Entender que el colapso de
la Administración de Justicia se debe a la saturación de demandas y
recursos, es tan impresentable racionalmente como atribuir al paciente
el conocimiento necesario para someterse a una operación quirúrgica de
envergadura. Alguien pasa por el quirófano si así lo aconseja el
cirujano de turno. Del mismo modo se acude a los tribunales en busca de
soluciones legales, y en lo posible justas, a problemas solubles en la
jurisdicción.
A
partir de la ley de tazas/tasas, los ciudadanos se atendrán, por
enésima vez, a la expresión del “agua y ajo”. Ya saben a a aguantarse y a
joderse. Pero sólo los más pobres. Los ricos tienen acceso a los
abogados más prestigiosos, a los recursos más difíciles y, por disuasión
de una de las partes, ganarán siempre. No por sentencia del juzgado.
Por abandono provocado por K.O. económico. Imaginen a un trabajador
despedido tener que pagar por recurrir una sentencia favorable a la
empresa. De dónde va a sacar para la taza/tasa.
Gallardón.
Gallardón, no. El responsable de esta barbaridad jurídica, de este
atropello, es el Gobierno en pleno. La idea nacerá del ministro. La ley,
malhadada, se aprobará en el Parlamento. La mayoría absoluta está en
manos del PP. Por tanto, silogismo concluido. A pagar. La tasa. Los
derechos, por la taza. Menudo panorama.
Un saludo.
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